El Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria (COSITAL) ha defendido el “trabajo imparcial y profesional” que desarrolla la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, además de rechazar la “campaña de descalificaciones públicas” de que es objeto por parte de algunos representantes políticos.
Con este pronunciamiento, el Colegio quiere salir al paso de manera contundente a las informaciones publicadas recientemente en algunos medios de comunicación, relativas a la denuncia por un supuesto delito de prevaricación presentada por un grupo político contra varios ediles que la pasada legislatura integraban el equipo de gobierno en Ribamontán al Monte, informaciones en las que se involucra a esta funcionaria.
En este sentido, la Junta Directiva de COSITAL ha reiterado el «necesario respeto al ejercicio» de las funciones reservadas que el ordenamiento jurídico encomienda a los funcionarios en general, y a los funcionarios habilitados nacionales (secretarios, interventores y tesoreros) en particular.
Ha defendido que el trabajo de la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte pueda ser revisado y cuestionado “con argumentos jurídicos” respecto a los informes emitidos, pero no utilizar las descalificaciones públicas “para intentar atacar su profesionalidad y honradez”, máxime cuando “menosprecian y cuestionan la validez y objetividad” de su trabajo profesional a través de los informes que emite.
Para COSITAL, “en ningún caso es admisible ni tolerable” que los profesionales de la Administración Local tengan que soportar “calumnias o descalificaciones” por parte de representantes políticos que pongan en duda su honradez y profesionalidad” en el ejercicio de las funciones que les están encomendadas, que son realizadas «conforme al leal saber y entender de cada funcionario».
Así mismo, ha vuelto a reclamar «el máximo respeto e independencia» en el ejercicio de sus funciones para los profesionales que trabajan en los ayuntamientos de la región, y advierte que ello se debe hacer «sin que quepan injerencias externas que traten de hacer cambiar nuestros criterios fundados en Derecho».
