Con la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 asistimos a una desmembración del cuerpo de funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional; cuerpo al que pertenecemos los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.
A nuestro colectivo, el ordenamiento jurídico nos tiene encomendado el ejercicio de las tareas de asesoramiento legal, fe pública, control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria, contabilidad y recaudación de las Entidades Locales. Como se puede inferir, se trata de funciones de relevancia esencial para el correcto funcionamiento de las Entidades Locales, habiendo sido calificadas por el Tribunal Constitucional como funciones que, por su trascendencia misma, rebasan el estricto interés local y, más aún, el autonómico.
Una de las principales peculiaridades de nuestro régimen jurídico es que somos seleccionados por el Estado, pero prestamos servicios en las Entidades Locales (dentro del territorio nacional, salvo en Navarra), lo cual supone una notable diferencia con respecto a otros cuerpos de ámbito nacional, que prestan servicios para la Administración Central en los diferentes puntos de España.
Somos funcionarios seleccionados por el Ministerio competente en materia de función pública, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública. Ahora bien, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que se está tramitando en las Cortes Generales, contempla que las competencias referidas sean asumidas en el País Vasco por su gobierno autonómico.
Con el actual sistema, las peculiaridades forales de los territorios vascos quedan reconocidas pues, además de que conocer el euskera supone un requisito para la provisión de puestos en la mayoría de estas Entidades Locales, se prevé un mayor porcentaje en el baremo de méritos autonómico, la inclusión de materias y disciplinas propias en los convenios entre Instituciones que tengan encomendada la formación de los funcionarios y, finalmente, se prevé que las funciones reservadas de intervención-tesorería se organizarán libremente por las Diputaciones Forales en el marco del Concierto Económico.
Es esta la razón por la que no consideramos conveniente la modificación del régimen actual, existiendo en nuestro colectivo demandas mucho más acuciantes, como el reto que supone la necesaria cobertura de las vacantes que se están produciendo, y que se seguirán produciendo, ante la masiva e inminente jubilación de funcionarios habilitados nacionales.
Por todo ello defendemos que la Habilitación Nacional siga siendo nacional, permaneciendo las competencias de selección en la Administración General del Estado, como garantía de la independencia en el ejercicio de nuestras funciones reservadas. Entendemos que ello va a repercutir en un mejor funcionamiento de las Entidades Locales y, por ende, en una mejor prestación de servicios públicos a los vecinos de los municipios de Cantabria.
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Germán García Calle
Presidente de COSITAL Cantabria
